La Ley N.º 7513 de Bienestar y Protección Animal, sancionada el 15 de julio de 2025 y promulgada el 19 de agosto del mismo año, constituye un avance normativo esencial en Paraguay al reconocer a los animales como seres sintientes y regular de forma estricta su protección contra el sufrimiento, fortaleciendo la sanción penal y administrativa frente al maltrato y la crueldad.
Sección “Principales alcances”:
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Eleva a 4 años de cárcel o multa si el maltrato ocasiona lesiones graves, y hasta 6 años si culmina en la muerte del animal.
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Crea el Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN), herramienta destinada a registrar y monitorear a personas implicadas en casos graves.
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Confirma como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, con potestades para el rescate, decomiso y coordinación con fuerzas públicas en situaciones urgentes.
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Incluye el Bienestar Animal como parte de la Malla curricular en formación básica.
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Introduce deberes claros para tutores, criadores y establecimientos: ofrecer condiciones dignas, atención veterinaria, identificación, transporte adecuado y prohibir prácticas dolorosas o inadecuadas.
Sección “Objetivos de la normativa”:
La ley refuerza el compromiso institucional con el bienestar animal, garantizando protección efectiva y prevención del sufrimiento. Establece marcos claros de responsabilidad civil y penal y dota a las autoridades de herramientas para su cumplimiento y monitoreo.
Con la promulgación de la Ley N.º 7513 de Bienestar y Protección Animal, se derogan las siguientes normativas:
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Ley N.º 4840/2013 – “De protección y bienestar animal”.
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Ley N.º 5892/2017 – Que modificaba y ampliaba disposiciones de la Ley N.º 4840/13.
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Ley N.º 7364/2024 – Que introducía nuevas disposiciones complementarias en materia de protección animal.
La unificación normativa en la Ley N.º 7513 busca actualizar y consolidar en un solo cuerpo legal las disposiciones referentes al bienestar y la protección de los animales en el Paraguay. Esto otorga mayor claridad jurídica, fortalece el marco sancionatorio y asegura la aplicación efectiva de políticas públicas en la materia.